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La Ideología de Género en América Latina

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Los promotores de la ideología de género han utilizado diversas formas de hacer prevalecer sus planteamientos en las sociedades iberoamericanas. Tal y como lo señala el especialista argentino Jorge Scala, los vehículos predilectos para trasladar sus propuestas han sido los parlamentos, los medios de comunicación y  los centros educativos.

Desde esta perspectiva, el médico y experto en bioética de la Universidad de San Pablo, Renzo Paccini, indica que “…La ideología de género ha sido globalizada por campañas de persuasión y difusión, elaboradas estratégicamente y fuertemente financiadas, iniciadas a partir de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Mujer (Beijín, 1995)”.

De esta manera, la puerta por donde ha ingresado esta ideología a la región, ha sido principalmente a través de los  conceptos de “igualdad de género” y “salud sexual y reproductiva”, promovidos por los movimientos feministas más radicales.

Desde los parlamentos, algunos congresistas de las corrientes más liberales y de ciertos sectores de la izquierda radical han impulsado en América Latina diversas iniciativas legislativas para reformar leyes que posibiliten la legalización del aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo, entre otros.

En algunos países, sus  propuestas han encontrado un mayor grado de receptividad al interior de los Congresos;  pero en otros, por el contrario, estas reformas legislativas han encontrado resistencia de sectores moderados del espectro político -social cristianos, social demócratas-, de conservadores y cristianos.

Paralelamente, los promotores de la ideología de género también han recurrido a la utilización de las instancias judiciales, presentando demandas y requerimientos como casos en contra de la discriminación y la defensa de los derechos humanos. Al respecto el profesor Paccini señala: “Para introducir la ideología de género en el campo de los derechos humanos, la estrategia viene siendo la presentación de casos judiciales y denuncias a nivel de los tribunales nacionales, pero sobre todo ante las Cortes o Comités regionales de Derechos Humanos —tomados por la ideología—, con la intención de generar jurisprudencia, pretendiendo así llegar a cambios en las legislaciones nacionales sin seguir el trámite regular legislativo y democrático. Ejemplos de esto son los casos de la peruana Karen Llontoy y la chilena Karen Atala”.

Por otro lado, también los promotores de esta ideología han procurado, desde las diversas instituciones de gobierno, principalmente de los ministerios de educación de los países de la región, introducir programas de “educación sexual”, en los que claramente se fomenta los postulados principales de su ideología:

  • La diferenciación, dualidad y complementariedad de los sexos como realidad discriminatoria,
  • la identidad de género como un constructor social,
  • la orientación y preferencia sexual como derecho humano,
  • el aborto como derecho de la mujer, entre otros.

En muchos países de la región,  los programas educativos han sido ya influenciados por los conceptos de esta ideología, lo cual ha provocado protestas importantes de asociaciones de  padres y madres de familia, de movimientos sociales defensores de los valores familiares y religiosos.

Los medios de comunicación también han sido instrumentos muy eficaces para promover la ideología de género. En efecto, por medio de las redes sociales, la televisión, la radio y otros más, se difunden sistemáticamente programas y mensajes con contenido a favor de los postulados de esta ideología, lo cual hace que poco a poco sus argumentos influencien principalmente a las generaciones más jóvenes.

El escenario en América Latina en cuanto al avance o no de los postulados principales de la ideología de género, es asimétrico y complejo. Al interior de cada país, se observan reformas que se han dado en ámbitos muy diversos como el de la salud, la educación y normativa de familia, etc. En algunos países -sea por la vía legislativa o por la judicial-  se ha legalizado el aborto en ciertos casos, como por ejemplo recientemente en Chile, o anteriormente en Uruguay. De la misma manera, ha ocurrido con las uniones civiles entre personas del mismo sexo o el matrimonio igualitario. En algunas naciones se han legalizado las primeras y en otros lo segundo. Países como Argentina, México y Colombia, para citar solo tres, han incorporado figuras específicas para regular estas convivencias, mientras que otros países no han realizado ninguna reforma porque las instancias legislativas o judiciales internas no lo han permitido.

Por eso es que algunos ya miran a las instancias regionales, como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer sus planteamientos y derivar reformas hacia sus propios países. Un ejemplo cercano en esta dirección fue la resolución de la CIDH sobre la Fertilización in Vitro a favor de unas familias demandantes contra Costa Rica, luego que la FIV fuera rechazada por la Procuraduría General de la República, la Sala Constitucional y el Parlamento del país centroamericano.

Por su parte, el pasado mes de junio de 2017, en el marco de la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), algunos países del denominado “grupo núcleo”  como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, México y Uruguay,  pretendieron incorporar nuevos términos, no consensuados en ningún tratado internacional, en el numeral 12 del proyecto de derechos humanos planteado ante dicha Asamblea.

Estos términos, como la orientación sexual, identidad de género o “intersex”, no han sido introducidos por ningún país miembro ni existe una definición de ellos en el derecho internacional, por lo que países como Paraguay y Jamaica, apoyados por Guatemala, Santa Lucía, Barbados y Surinam, frenaron esa iniciativa.

No obstante, el debate prosigue, porque los promotores de la ideología de género  tienen como propósito continuar impulsando su agenda en las diversas instancias nacionales y regionales. Este es un propósito global, que cuenta con mucho respaldo y apoyo político y económico internacional, pero que también, es adversado fuertemente por las instancias que procuran mantener los valores de la vida y la familia prevaleciendo en la sociedad latinoamericana del siglo XXI.

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